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Impacto de la Ley miscelánea en el patrimonio de las autoridades de gobierno

Resumen

 ¿Quiénes se benefician realmente de la ‘Ley Miscelánea’ de Kast? Nodo XXI analizó el impacto que cuatro de sus medidas tributarias podrían tener en el patrimonio personal de 63 de las máximas autoridades del actual gobierno. Los resultados son contundentes: el beneficio potencial agregado alcanza los $292.515 millones, equivalentes a 6,6 Teletones o 19,5 comisarías.

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Descripción

 La minuta elaborada por el investigador de Nodo XXI Juan Andrés Mena analiza el impacto que cuatro medidas de la «Ley Miscelánea»: rebaja del impuesto corporativo, reintegración total del sistema tributario, tasa rebajada para repatriación de capitales y exención de contribuciones,  podrían tener en el patrimonio personal de 63 autoridades del gobierno de Kast: el Presidente, 24 ministros y 34 subsecretarios. El patrimonio total declarado de estas autoridades asciende a M$1.148.295.633, y 7 de ellas, el Presidente incluido,  tienen patrimonios que los ubican al menos en el 1% más rico del país, grupo que concentra el 39,56% de toda la riqueza nacional. El Ministro de Defensa Fernando Barros ostenta el mayor patrimonio, superando por sí solo al resto de las 19 autoridades más ricas combinadas.

El beneficio anual potencial agregado de las cuatro medidas, en escenarios plausibles y conservadores, alcanza los M$292.515.734. Para dimensionar esta cifra: equivale al 11,24% de la meta de reducción del gasto público del 3% anunciada por el propio gobierno, a construir 1,73 hospitales de mediana-alta complejidad, a 2,55 veces el costo del contrato del GAM que el gobierno terminó anticipadamente por falta de recursos, o a 35,67 veces el costo de la ciclovía Nueva Alameda que suspendió por la misma razón. El concepto que genera mayor beneficio es la tasa rebajada para repatriación de capitales: el Ministro Barros, por sí solo, podría obtener un ahorro de $209.994 millones por esta vía en una única operación.

El análisis concluye que las 6 autoridades con mayores patrimonios dentro del gabinete coinciden exactamente con quienes mayor beneficio potencial obtendrían de aprobarse la ley, y que dicho beneficio supera con creces la meta de reducción del 3% del presupuesto de sus respectivas carteras. El estudio no pretende estimar el beneficio real —dado que no se conocen las rentas efectivas de las sociedades en que participan las autoridades—, sino simular escenarios razonables y conservadores a partir de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) disponibles.